El pasado 8 de abril se publicó en el BOE una nueva sentencia sobre videovigilancia en los entornos de trabajo. En este caso un despido que había sido declarado procedente, al haber probado que el trabajador robaba de la caja mediante el visionado de las cámaras instaladas.

En un principio la doctrina garantista que venia utilizándose desde la sentencia 292/2000, en el que para preservar el Derecho Fundamental a la Protección de Datos, se debía garantizar el derecho del titular de los datos, informando de para qué finalidad se recogían datos, qué datos se tenían y a quien se le habían cedido, todo ellos con unos principios de información y obtención del consentimiento muy rigurosos, cuando estamos hablando de entornos laborales, moderando la aplicación del art. 20.3 del Estatuto de los trabajadores, en el sentido de que había que haber informado previamente al trabajador o a sus representantes de la instalación de las videocámaras, de la finalidad exacta de los datos recogidos y del destino y cesiones de esos datos (siempre la imagen). Produciéndose la incongruencia que, si se alteraba la finalidad, el destino de los datos, se podría impugnar una decisión de despido, totalmente procedente, si se probaba por unas imágenes obtenidas con otra finalidad. Los profesionales del sector, en previsión de este problema, desde hace tiempo proponemos que los trabajadores deben firmar clausulas de confidencialidad y conocimiento expreso de la existencia de las videocámaras y de la función controladora, permitida por el 20.3 del ET, que tienen las mismas.

Con la reciente sentencia que aquí comentamos, se cambia el criterio y se permite un despido, con base a unas imágenes de videovigilancia obtenidas mientras la trabajadora sustraía dinero de la caja registradora. La única información que tenía la trabajadora era la información genérica del cartel informativo que se sitúa en la entrada del local, según ordena la Instrucción 1/2006 de la Agencia de Protección de Datos, en la que se informa de que la zona está videovigilada, que se somete a la Ley Orgánica 15/1999 y que puede ejercitar sus derechos en una dirección concreta. En este supuesto no se había informado específicamente a la trabajadora ni a sus representantes sindicales. La sentencia viene a decir que esa información genérica junto con el conocimiento de que existía una videocámara (que era totalmente visible a simple vista) ya cumple con los criterios de idoneidad y de consentimiento informado establecidos en el artículo 6 de la LOPD y en la Instrucción 1/2006.

Recordemos, como siempre decimos en este despacho, que el consentimiento del afectado es el elemento fundamental de todo nuestro sistema de protección de datos de carácter personal, y lo que nos está manifestando esta nueva sentencia es que, este consentimiento inequívoco (según regulará el Nuevo Reglamento Europeo) no es necesario que sea extremadamente exhaustivo, sino que en este caso se cumple por la mera comunicación a través de un cartel adhesivo en la entrada del local.

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